CONVENIO

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Buenos Aires, representado por su titular el Sr. Ministro, Baldomero Álvarez de Olivera, con domicilio en Calle 55 Nº 570 e/ 6 y 7 de la ciudad de La Plata, por una parte, y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD de la Provincia de Buenos Aires, representado por su titular, el Sr. Ministro, Dr. Ricardo Casal, con domicilio en Calle 2 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata,

COINCIDIENDO en la necesidad de concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, regidos por el paradigma de la protección integral reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 4 obliga al Estado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos.

CONSIDERANDO que, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”, y que esos derechos especiales “no constituyen sólo un postulado doctrinario, sino que su reconocimiento constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa” (caso “Maldonado”, Fallos 328:4343).

COMPARTIENDO el postulado del artículo 5 de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), en cuanto a que “deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás”.

ENFATIZANDO la pertinencia de un abordaje preventivo en lo que hace a posibles conflictos en los que aparezcan como sujetos activos, niños, niñas o adolescentes, poniendo en práctica la intervención de personal capacitado en el trato especial que merecen los mismos (artículo 58 de las Directrices de Riad).

RESPETANDO plenamente los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño en relación al trato a brindarles según su condición, en el marco de un pleno reconocimiento de sus garantías constitucionales, y convencidos de la necesidad de un abordaje multidisciplinario en la atención de los jóvenes en conflicto con la ley.

CONSIDERANDO imprescindible la articulación de políticas activas entre distintos estamentos del Estado provincial a fin de brindar respuesta frente a posibles conflictos causados por niños, niñas y adolescentes, en el marco de una política pública direccionada a su desarrollo y bienestar, tal como lo establecen la Ley Nacional Nº 26.061 y Ley Provincial Nº 13.298.

RECONOCIENDO que, como lo prevé la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40.1, el Estado debe garantizar a todo niño en conflicto con la ley el derecho “a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.

FOCALIZANDO en la restitución de derechos socavados a los menores de edad, y haciendo hincapié en una política de estado que apunte a la inclusión social, posibilitando así el acceso a la tutela integral que la legislación vigente les confiere.

ENTENDIENDO que resulta siempre prioritario el rápido restablecimiento de los vínculos familiares del niño o adolescente, planteándose así a su institucionalización como el último de los recursos utilizables (artículo 40 inciso 3 apartado b de la Convención sobre los Derechos del Niño).

VALORANDO como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay", que la jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley debe caracterizarse por la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales y que “el contenido del derecho a la libertad personal de los niños no puede deslindarse del interés superior del niño, razón por la cual requiere de la adopción de medidas especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad” (párrafos 211 y 225).

CONSIDERANDO como esencial en el abordaje de la problemática de los menores en situación de riesgo, no la restricción de sus derechos sino el pleno reconocimiento de los mismos, habida cuenta de la situación en que se encuentran, prestando especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes (artículo 10 de las Directrices de Riad).

ENTENDIENDO necesario escindir claramente los supuestos de menores infractores a la ley penal y aquellos en situación de riesgo, direccionándose las políticas preventivas hacia este último sector a fin de evitar consecuencias no deseadas, brindándoles paralelamente la asistencia integral que su situación requiere.

CONTEMPLANDO lo establecido por el artículo 12.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidad para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), en cuanto a que “para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía…que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial” y que “en las grandes ciudades habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad”.

El Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social convienen:

PRIMERO: Poner en marcha del Programa “Prevención y Asistencia Juvenil en la Ciudad de La Plata”, de conformidad a las pautas que se establecen en el Anexo I, que forma parte del presente.

SEGUNDO: El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años desde su firma, y se renovará automáticamente por idéntico período, salvo que cualquiera de las partes manifieste su voluntad de no continuarlo. A tales efectos la parte que rescinda deberá notificar fehacientemente dicha circunstancia con una anticipación no menor a sesenta (60) días corridos.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de La Plata a los treinta y un días del mes de agosto del año 2010.


Baldomero Álvarez de Olivera
Ministro de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires


Dr. Ricardo Casal
Ministro de Justicia y Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires



ANEXO I

PRIMERO: El Programa se desarrollará en el ámbito del Partido de La Plata, y estará destinado al abordaje inmediato e integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de conflicto que impliquen riesgos para sí o para terceros.

SEGUNDO: Durante las veinticuatro horas actuarán cuatro móviles del Programa, quienes recorrerán el ámbito territorial a fin de intervenir frente a situaciones de conflicto que involucren a niños, niñas o adolescentes e impliquen riesgos para sí o para terceros. A tal efecto, el Ministerio de Justicia y Seguridad pondrá a disposición cuatro vehículos, que estarán visiblemente identificados como móviles del Programa.

TERCERO: En cada uno de los móviles se trasladará un Operador Especializado del Ministerio de Desarrollo Social, y un funcionario policial del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien estará capacitado para el trato con niños y adolescentes, y sólo intervendrá en la medida de lo estrictamente necesario a fin de hacer cesar vías de hecho lesivas.

CUARTO: Ante la imposibilidad de la presencia inmediata de los progenitores o responsable adulto del niño o adolescente, éste será trasladado al Centro de Alojamiento en Tránsito –CAT- ubicado en Diagonal 73 nro. 484 del Ministerio del Desarrollo Social, previa comunicación en forma telefónica con el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, o con la Línea 102 –Cuidaniños- del Ministerio de Desarrollo Social.

QUINTO: El Centro de Alojamiento en Tránsito tiene como finalidad única y exclusiva, hasta tanto se constituyan en el lugar sus progenitores o responsable adulto, asistir al menor en la necesidad de albergue y alimentación, y, si correspondiere, permitirle ser incluido en algún programa de promoción y/o protección de derechos. En ningún caso este alojamiento transitorio deberá identificarse con una medida de abrigo en los términos del artículo 35 inciso h) de la ley 13.298.

SEXTO: El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, establece al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos y al Centro de Referencia, ambos de La Plata, como instancias de coordinación operativa y administrativa del Programa. Estos efectores también serán los encargados de establecer, en caso de que sea necesario y ante la posible vulneración de derechos de niños o adolescentes, la estrategia de abordaje integral de ellos y su familia o grupo de pertenencia. Asimismo garantizará el abordaje telefónico las 24 horas con operadores especializados, a través de la línea 102 –Cuidaniños-, a fin de recibir alertas de menores en situaciones de conflicto